La Sociedad Colombiana de Ingenieros hizo un llamado al presidente Santos para que se siga penalizando severamente a ingenieros privados y públicos que desconozcan los deberes ciudadanos y reclamó que exista un castigo ejemplar. Sin embargo, el gremio se muestra preocupado que la lucha contra la corrupción se convierta en una cacería de brujas y se viole el principio constitucional del “Debido Proceso”.

El presidente de la Sociedad, Daniel Flórez Pérez, advierte que la medida de obligar que los dineros entregados en calidad de anticipo, sean manejados por medio de un encargo fiduciario, no solo va a encarecer los costos de transacción del Estado, sino que no resolverá el problema de la utilización de dichos dineros para asuntos diferentes a los requeridos para la correcta ejecución del contrato.

El dirigente en carta dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, sostiene que el recorte del porcentaje de los anticipos, y las condiciones económicas de las pequeñas firmas de ingeniería , creará un nuevo obstáculo para participar en las licitaciones, con lo cual se promueve la concentración de la contratación en unos pocos y se abre el camino no solo a las multinacionales, sino que es una buena oportunidad para ingresar  capitales obtenidos en actividades ilícitas al sector financiero formal y a las obras públicas.

Señor  Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
Presidente de la República
CASA DE NARIÑO
Ciudad

Respetado Señor  Presidente:

El haber estructurado la Ley 1474 del  12 de Julio de 2011. “Estatuto Anticorrupción”, constituye un hito fundamental para los colombianos y es un primer gran paso para romper la inercia cultural que nos aqueja, y que hoy día hace que nuestra población vea la corrupción como algo normal y cotidiano.

La Ley 1474 es el  inicio de una lucha frontal para combatir la corrupción que tanto daño ha hecho al desarrollo y sostenibilidad del país.
Señor Presidente, consideramos admirable y extendemos una felicitación por esta iniciativa, además, cabe resaltar el gran trabajo realizado por la Procuraduría, la Fiscalía, la Auditoría y la Contraloría, descubriendo y denunciando los grandes focos de corrupción en entidades como la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, así como en el sector Salud y en el de Educación.

Desde el inicio de su mandato, el país ha sido testigo de las sanciones que se han impuesto a funcionarios y ciudadanos que han actuado en contra de los principios y de bienestar de la nación.
Apoyamos las sanciones y hacemos un llamado a que se siga penalizando severamente a ingenieros o no ingenieros, públicos y privados, ya que por culpa de algunos que desconocen los deberes ciudadanos, hoy día enfrentamos la mayor crisis de la historia de la contratación pública, creando desconfianza y condenando a Colombia a tener bajos niveles de competitividad y grandes inequidades sociales.

Del mismo modo, es fundamental que el problema de la corrupción sea combatido tanto en la Capital de la República, donde se gestionan y contratan los megaproyectos de la nación, como en la regiones del país, en las que se ejecutan una gran proporción del presupuesto de Colombia sin ningún control y se gestan los casos más aberrantes de direccionamiento en la adjudicación de contratos.

A través de nuestros estamentos, especialmente con la gestión de las Sociedades Regionales de Ingenieros que nos representan en cada uno de los departamentos, la comunidad de la ingeniería ha identificado la necesidad de fortalecer algunos aspectos del “Estatuto Anticorrupción” y conocedores de su dedicación y esmero por realizar este gran cambio cultural en Colombia, los ponemos en su conocimiento para orientar conceptualmente la acción coordinada del Gobierno Nacional.

-Aunque reclamamos que exista un castigo ejemplar, nos preocupa que la lucha contra la corrupción se convierta en una cacería de brujas y se viole el principio constitucional del “Debido Proceso”, las sanciones deben ser ejemplarizantes, pero los procedimientos transparentes.

-La medida de obligar que los dineros entregados en calidad de anticipo, sean manejados por medio de un encargo fiduciario o un patrimonio autónomo, no solo va a encarecer los costos de transacción del Estado, sino que no resolverá el problema de la utilización de dichos dineros para asuntos diferentes a los requisitos para la correcta ejecución del contrato de obra pública.
Por otra parte es necesario recordar que por ley, las fiduciarias son de medio y no de resultado, así las cosas, la aprobación de los giros no dependerá del control que ellas hagan, sino de las instrucciones que para tal fin impartan los fideicomitentes o sus representantes.

-Si a esto se suma el recorte del porcentaje de los anticipos, y las condiciones económicas de las pequeñas firmas de ingeniería, entonces se creará un nuevo obstáculo para participar en las licitaciones, con lo cual se promueve la concentración de la contratación en unos pocos y se abre el camino no solo a las multinacionales que si poseen un musculo financiero, sino a aquellos dineros de dudosa procedencia, que verán en el contrato de obra pública una buena oportunidad para ingresar los capitales obtenidos en actividades ilícitas al sector financiero formal.

Señor Presidente, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, está comprometida y trabajando en la lucha contra la corrupción, cuente con nosotros, somos sus aliados y seguiremos incondicionalmente apoyando todos los esfuerzos del Gobierno tal como lo hemos venido  realizando en alianza con el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia y Transparencia de Lucha Contra la Corrupción, es nuestra obligación contribuir en la erradicación de este mal que ha manchado el buen nombre de la ingeniería nacional y ha causado un atraso significativo en el desarrollo del país.

Con sentimientos de consideración y aprecio, nos suscribimos con toda atención.
Sociedad Colombiana de Ingenieros
DANIEL FLOREZ PEREZ
Presidente