El rezago al que se han sometido a cientos de recicladores Bogotanos por sus condiciones de vulnerabilidad podría terminar muy pronto gracias a las iniciativas de acciones afirmativas emprendidas por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP).

Entre ellos, el más importante es el desarrollo de un proyecto productivo para los recicladores que les permita desarrollarse en su actividad y generarles empleo y bienestar, con su participación en centros de acopio.

Para William Palacio, presidente de la Confederación Ambiental Funcolgran, el objetivo es que “el reciclador de oficio transforme el material aprovechable que le entregan a las asociaciones como la nuestra, ubicados en centros de acopio que les permitan desarrollar un proyecto productivo para subsitir con mejores condiciones de vida”.

La  Confederación Ambiental Funcolgran viene trabajando desde el año 2007 con más de diez organizaciones de primer nivel de recicladores en la creación de un proyecto productivo matizado en la construcción de un centro de acopio para los recicladores Bogotanos. Tras la licitación 001/2011, buscan llegar  a completar 30 Asociaciones de primer nivel más de recicladores a sus proyectos de desarrollo.

Por una mejor calidad de vida

Los recicladores de Bogotá asociados a organizaciones de primer nivel podrían por primera vez conformar las organizaciones de segundo nivel, para participar en empresas de aprovechamiento de reciclaje, tras el cierre este martes 23 de agosto de la licitación 001/2011 que concesionará el servicio de aseo adelantado por la UAESP.

Los recicladores de primer nivel son aquellos cuyas condiciones de vida se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad. Por tanto, entidades como la CONFEDERACION AMBIENTAL FUNCOLGRAN, como organismo de segundo nivel, buscan beneficiarlos con planes de vivienda de interés social, alimentos a precios favorables, guarderías para sus hijos, comedores comunitarios, escolarización para los jóvenes, entre otros.

Por otra parte, por medio de la sentencia T-724 del año 2003 y del auto 268 del año 2010, la Corte Constitucional ordenó la protección del derecho al trabajo, a la libre asociación y la participación en el negocio de las basuras y el aprovechamiento del reciclaje a las organizaciones de segundo nivel de recicladores, las cuales agrupan a un conjunto de 1.141 asociados.

Las acciones afirmativas o positivas para este sector involucran inclusión de la población vulnerable mediante, por ejemplo, ofertas de trabajo directo en el negocio del reciclaje, las cuales para su realización, según William Palacio,  “dependen de la existencia de un proceso de transformación y de trabajo de estos integrantes de la sociedad”.