El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan  Camilo Restrepo Salazar, ordenó al Fondo Ganadero de Córdoba suspender, de manera inmediata,  todas las operaciones que tenga pendientes relacionadas con la transferencia del dominio de tierras.

La instrucción fue impartida por el titular de la cartera agropecuaria tras una serie de investigaciones, denuncias y hallazgos, como los realizados por la Superintendencia de Notariado y Registro,  vinculados con el despojo.

El Ministerio de Agricultura  encontró que de un paquete de 72 copias  de escrituras públicas entregadas por el Fondo Ganadero de Córdoba, en sesión extraordinaria de su Junta Directiva realizada el 30 de agosto de 2011, la totalidad fueron suscritas  entre el representante legal del Fondo  de la  época, Benito Osorio Villadiego y Sor Teresa Gómez Álvarez en calidad de aparente apoderada de campesinos de la zona.

Sor Teresa Gómez, prófuga de la justicia, es señalada por los medios de comunicación,  de tener vínculos comerciales y familiares con Carlos y Vicente Castaño Gil y Jesús  Ignacio Roldán, alias Monoleche.
En información de la Superintendencia de Notariado y Registro, remitida al Ministerio de Agricultura,  se constató que 16 predios adquiridos por el Fondo Ganadero de Córdoba  tienen medida de protección  preventiva vigente.

En un cruce de información de reclamantes  de tierras ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz se encontró que existen al menos doce vendedores de predios  al Fondo, por intermedio de Sor Teresa Gómez Álvarez.

El Ministerio de Agricultura obtuvo igualmente información  sobre 101 predios adquiridos por el Fondo Ganadero de Córdoba,   en ejecución de decisiones adoptadas por la Junta Directiva el 24 de octubre, el primero de diciembre de 1997 y el 25 de agosto de 2000,  para un total de tres mil 390 hectáreas en la región del Urabá Antioqueño correspondientes a la Hacienda Tulapas.

También recibió una relación de 26 predios adjuntos a la Hacienda Tulapas que totalizan 953 hectáreas que se encuentran en proceso de dominio al Fondo.
En carta dirigida a Benito Molina Velarde, presidente de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba y a Carlos Sotomayor Hodeg, representante legal, el ministro puntualmente exigió de la entidad lo siguiente:

1.- Poner a disposición de las autoridades, la información del Fondo  que sea requerida y especialmente la relacionada con la Hacienda Tulapas.

2.- El Fondo debe adelantar las acciones jurídicas y acopiar la información que permita aclarar  las transacciones de predios correspondientes a la Hacienda Tulapas y cumplir las decisiones judiciales y/o administrativas que obliguen a reversar transacciones  y en las que se solicite su consentimiento para la revocatoria de actos administrativos  de carácter registral o de otra naturaleza.

3.- Suspender inmediatamente las operaciones de transferencia  de dominio pendientes a favor del Fondo, en ejecución de las decisiones  de la Junta Directiva  del 24 de octubre, el 1 de diciembre de  1997 y el 25 de agosto de 2000 (Actas  Nos. 1083, 1084 y 1107) y remitir a este Despacho un reporte actualizado sobre la situación jurídica y la tenencia material de cada predio.

4.- Abstenerse de realizar negocios jurídicos sobre los predios de la Hacienda Tulapas, que están a nombre del Fondo Ganadero de Córdoba en la actualidad y que impliquen la salida de su patrimonio  o el menoscabo de los derechos de uso, goce, y disposición que detenta el Fondo, ni sobre aquellos sobre los cuales ostente posesión material.

Restrepo Salazar notificó al Fondo que el Ministerio de Agricultura se ha reservado, de conformidad con la Ley, la facultad de examinar y evaluar la continuidad del trámite y entrega de recursos públicos  como incentivos, créditos y garantías a favor del Fondo, hasta tanto se esclarezcan las circunstancias  expuestas por la Superintendencia de Notariado y Registro.

Le ordena  enviar la documentación recolectada en la sesión de la Junta Directiva del 30 de agosto pasado y la remitida por la Superintendencia de Notariado y Registro a la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades y demás entidades de vigilancia y control.

Pide también que se remita la documentación recolectada al Programa de Restitución de Tierras y Patrimonio con el fin de que adelante las actividades orientadas a la ubicación y atención de las víctimas y prepare las actividades una vez entre a operar la Unidad Administrativa para la Gestión de la Restitución de Patrimonio creada en la Ley 1448 de 2011.