Asobancaria volvió a llamar la atención al Gobierno para consolidar  medidas económicas, de modo que se le dé seguridad normativa al mercado.

 

Al comenzar el Gobierno Santos, la banca le presentó algunas  propuestas para promover la inclusión financiera. Una de ellas fue la eliminación de la tasa de interés de usura o, como alternativa, la revisión de su metodología de cálculo, para que refleje las tendencias del mercado de crédito y no constituya, como en el pasado, un instrumento de control de las tasas de interés.

Por su mayor viabilidad política, el Gobierno acogió la alternativa de revisar la metodología. Para ello decidió llevar a cabo un “experimento controlado”, implementando por un período determinado una nueva forma de cálculo del interés bancario corriente (IBC) que certifica la Superintendencia Financiera (SFC), propuesta por Asobancaria.

La nueva metodología consiste, por un lado, en calcular el IBC para las modalidades de crédito de consumo y ordinario, como el promedio simple de la tasa promedio ponderada de los desembolsos reportados por los bancos en las doce (12) semanas previas a la certificación. Y por otro, en descongelar el IBC para el microcrédito y en calcularlo como el promedio ponderado de las tasas de interés promedio ponderadas por los  montos de los desembolsos realizados en las cincuenta y dos (52) semanas anteriores a la certificación.

El año fijado para el experimento está próximo a cumplirse, con excelentes resultados. Las tasas de interés no se han disparado y la bancarización, medida por el número de créditos y la evolución de los saldos, marcha muy bien. En consecuencia, es hora de consolidar las medidas, de modo que se le dé seguridad normativa al mercado.

El logro de este propósito, sin lugar a dudas, atraerá a otros actores a la actividad microcrediticia. Hay que tener en cuenta que, para algunas entidades, la decisión de entrar en ese mercado no se toma de un momento para otro. Para incentivarla se requiere que las normas para el desarrollo del mercado sean estables en el largo plazo.

Lo que no debe hacerse es obligar a todas las entidades a otorgar microcrédito. No todos los bancos son iguales ni se comportan de idéntica manera, porque sus estructuras de negocio son distintas y, por tanto, sus estrategias comerciales difieren. A algunos les interesa más que a otros estar en determinados segmentos del mercado, concediendo con mayor énfasis ciertas modalidades de crédito.

Foto: (Humberkraf-Flickr) 

Por estos motivos, ciertas entidades prefieren especializarse en microcrédito y otras solo incursionar paulatinamente en este nicho, cuyas peculiaridades al comienzo desconocen. En otros casos, algunas entidades pueden preferir fondear a las que se especializan en este segmento, antes que entrar directamente en él.
 
Por último, conviene recordar que el conocimiento de los demandantes de microcrédito no se logra inmediatamente, ni éstos en la mayoría de los casos están en condiciones de ofrecer unas buenas garantías. Por tanto, conocer sus hábitos de pago es crucial.

Mucho ayudaría para lograr a este propósito, por una parte, que el pago de los servicios públicos figure en cabeza de quien lo realiza, en lugar de quedar únicamente referenciado por la dirección del predio. Y por otra, que la banca tuviera acceso a la información sobre los historiales de pago de los servicios públicos de los demandantes de crédito