En muchos países, el sector de minería y metales llevó a la economía a recuperar los precios de sus productos básicos, que se habían disparado gracias a una fuerte demanda en mercados emergentes.

El año 2010 terminó con mucha fuerza, y esta industria se dirige hacia un mayor crecimiento en el 2011. Como la confianza aumentó y las compañías fortalecieron la preparación de sus balances, el año se caracterizó por negocios más grandes y audaces, y por un interés renovado en la actividad transfronteriza de los mercados menos tradicionales, señala un estudio de Global de Ernst &Young.

Los datos que se obtuvieron principalmente de Thomson Financial Group, el año 2010 tuvo 1123 negocios globales con un valor acumulado de USD$113.7 billones en 2010, frente a los USD$60 billones en 2009, demostrando así un incremento del 89% respecto al año anterior. El valor promedio de las ofertas públicas pasó de USD$57 millones a USD$101 millones.

Las megafusiones entraron nuevamente en el negocio, duplicándose hasta alcanzar 23 transacciones en el 2010 valoradas en USD $58.4 billones, frente a las 13 que se reportaron en el 2009 con USD$23.4 billones. Estos negocios estuvieron en cabeza de mercados tradicionales de minería y metales como el de Canadá y Australia, así como en el de Brasil, donde tuvieron un muy buen desempeño.

Colombia

El actual Gobierno colombiano considera que el sector de minería y metales es una “locomotora” que dirigirá el crecimiento económico y, por esta razón, ha decidido implementar medidas a favor de la inversión extranjera en el sector.

Esta decisión, apoyada por unos incentivos tributarios, la apertura de mercados y un marco legal mejorado, apuntaron a generar un incremento de la participación extranjera en la economía. Esta se vio representada en una mayor inversión extranjera directa, particularmente direccionada hacia la minería y metales, un sector económico líder del país. Además, una serie de reformas políticas que han sido exitosas al reducir la burocracia, simplificar los procesos administrativos, fortalecer la protección de la inversión y aumentar la transparencia en la gestión gubernamental. Por otro lado, la estabilidad para estas compañías inversionistas está garantizada, con contratos mineros prorrogados automáticamente para la vida económica de la mina. Como resultado de esto, en Colombia se vio un incremento multiplicado por 5 en la inversión extranjera desde 2002.

En el 2010, se concretaron 17 negocios: uno doméstico y 16 con inversión extranjera. Estos fueron valorados en USD$2.96 billones, representando un aumento del 26% en el año. Este periodo también se caracterizó porque un mayor número de multinacionales que demostraron interés por el sector minero y de metales en Colombia. El negocio más significativo fue el de Glencore-Xtrata en el subsector de carbón, que representó USD$2.3 billones, casi el 80% de la actualidad en el sector. Fuera de esta transacción, Canadá fue el inversionista extranjero más activo con 7 negocios realizados valorados en USD$323 millones; 6 enfocados en oro y 1 en la explotación de uranio.

A pesar de esto, también se presentaron inconvenientes. A principios del 2010, la administración de Álvaro Uribe cambió el código minero del 2001. Esta reforma generó diferentes preocupaciones por la estabilidad legal cuando el Gobierno le ordenó a la compañía minera canadiense Greystar, presentar un nuevo estudio basado en los nuevos requerimientos impuestos por el Gobierno, sobre el impacto ambiental para su gran proyecto de minería  de oro en  Angostura.

En mayo, la compañía ganó una apelación realizada contra el Gobierno colombiano, pero el caso se convirtió en un recordatorio de que la debilidad institucional todavía es un factor que continúa afectando al sector. Adicional a esto, las empresas mineras extranjeras tuvieron que enfrentar desafíos respecto a la deficiente infraestructura, energía eléctrica intermitente, inundaciones y fuertes lluvias que amenazaron las minas, además de muchos operadores ilegales de minas de oro, esmeraldas y carbón.

Panorama general

De acuerdo con Joss McGregor, Socio de Ernst & Young Colombia y quien participó en la realización del estudio, “la actitud favorable hacia la inversión que ha adoptado el Gobierno, convierte a Colombia en un mercado cada vez más interesante para los grandes inversionistas, debido a su enorme potencial de minerales inexplorados”. Históricamente, las antiguas carreteras e infraestructura ferroviaria han sido un lastre para la competitividad del sector y su crecimiento. Sin embargo, las grandes inversiones realizadas en infraestructura con el apoyo del sector privado, deberían aportar mejoras considerables para los próximos años.

El presidente actual, Juan Manuel Santos tiene metas ambiciosas tales como duplicar la producción de oro a 80 toneladas anuales para el 2019. “Sin duda, el sector puede esperar muchas acciones de crecimiento durante los años que vienen”, afirma McGregor de Ernst & Young Colombia. De acuerdo a esto, se mantendrán los principios básicos establecidos en las políticas económicas y de seguridad, mientras se realizan numerosos cambios estructurales. Es probable que lo anterior incluya un sistema de asignación de licencias y cambios en la distribución de regalías del sector minero y energético.
Un número de compañías asiáticas, australianas, canadienses y suramericanas, están buscando invertir seriamente en el mercado local. AngloGold Ashanti (AGG), por ejemplo, tiene una gran mina de oro con alto potencial, en lo alto de Los Andes. Su reto será ganar la aprobación de la comunidad local y resolver el inconveniente de acceso al agua.

“Las nuevas compañías que quieran entrar al país pueden esperar ser evaluadas y revisadas por las organizaciones ambientales y las protectoras de los derechos humanos”, comenta Joss McGregor de Ernst & Young. Colombia ya tiene problemas con la contaminación por mercurio debido a la explotación ilegal de oro. Como resultado de esto, el Gobierno se encuentra bajo mucha presión por asegurar el “boom” minero actual, y que se cumplan a cabalidad las normas y estándares de protección exigidas por las ONG.