Cuando se habla de lavado de activos y financiación del terrorismo aparecen dos concepciones alejadas de su realidad.

 

La primera se refiere a que estos fenómenos están relacionados exclusivamente con el narcotráfico. Se requiere avanzar en la desmitificación de esta percepción, pues muchos son los delitos fuente tipificados en las normas internacionales.

Tal es el caso de la vinculación entre las actuaciones en contra de la administración pública y el lavado de activos.  Por ejemplo, en Colombia ante los recientes escándalos de corrupción se ha puesto en evidencia la relevancia del vínculo legal existente entre estos hechos y el lavado de activos.

La segunda está relacionada con la concepción de que la prevención del lavado de activos es una responsabilidad exclusiva del sector financiero. Lo que sucede en realidad es que la dinámica del lavado de activos y la financiación del terrorismo ha implicado la participación de otros sectores, progresivamente utilizados para permear recursos producto de actividades ilícitas, o destinados para la financiación de actividades terroristas.

Por esto la gestión de riesgos sobre los asuntos en referencia debe constituirse en parte de las buenas prácticas de la administración, del buen gobierno corporativo y de la responsabilidad social empresarial de todas las organizaciones, independientemente del sector al que pertenezcan.

Es necesario llamar la atención sobre los retos que en estos asuntos imponen los objetivos de inclusión financiera de los gobiernos de la región.

Estas iniciativas, que son compartidas y apoyadas por el sector financiero, generan importantes retos para la banca, en razón a que los productos y servicios que debe ofrecer, deben ser concordantes con el objetivo de mayor cobertura, sin descuidar los deberes propios de la prestación del servicio bancario como es, por ejemplo, la debida diligencia, la protección de los recursos y la administración de los diferentes riesgos —entre ellos, el relacionado con el lavado de activos y la financiación del terrorismo—.

El gran desafío para los actores institucionales involucrados en la prevención, identificación y detección de tales riesgos está en su capacidad para alinearse y adaptarse a las nuevas tendencias, mediante el establecimiento de reglamentos, medidas y procedimientos que logren, dentro de lo posible, una menor exposición.

Foto de : (Znigmor-Flickr)

Finalmente, es necesario volver con el aspecto relacionado con el uso del efectivo como medio de pago. A nivel internacional, con frecuencia el mayor uso del efectivo se identifica con corrupción, evasión de impuestos y lavado de activos.

Colombia es un país en el que la circulación relativa del efectivo frente a las cuentas corrientes es muy elevada. En la actualidad dicha relación se asemeja a la que se tenía el país en 1940. Dicho comportamiento deriva de distintas disposiciones legales, en particular el GMF y la vinculación del cobro de impuestos a la realización de transacciones financieras.

El problema en especial con el 4 por mil no solo está en las implicaciones negativas que tienen sobre el tamaño y profundidad del sector financiero, sino también en que resulta contraproducente para efectos de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.