Generar una dinámica que permita identificar y superar las brechas que privan a los inversionistas institucionales de incluir en sus portafolios al sector de la construcción, considerado un activo idóneo por sus características de riesgo, retorno y plazo, es el llamado que hizo Martha Pinto de de Hart, Presidente Ejecutiva de Camacol, durante su  intervención en el Foro “Inversión Institucional el sector edificador colombiano”.

 

La dirigente, quien dirigió la invitación a los representantes de los fondos de pensiones, fondos inmobiliarios, fondos  de inversión, fondos de  capital privado y aseguradoras,  precisó  que en una economía con baja capacidad de ahorro como la colombiana cobra importancia canalizar de manera segura la enorme liquidez de los fondos institucionales hacia sectores productivos, pero precisó que no se pretende que como administradores de recursos dejen de lado su deber fiduciario o que el regulador financiero abandone la prudencia con la que se debe obrar.

Al 2020 será necesario atender los requerimientos adicionales de infraestructura urbana asociados al proceso de urbanización que vive el país y que según el DANE, hará que para  esa fecha  cerca del 80% de la población total habite las cabeceras municipales. La creciente demanda llevará a la necesidad de buscar  recursos financieros que  tendrán que venir de diversas fuentes.

¿En que invertir?

Una de las  propuestas de Camacol es que los inversionistas  institucionales adquieran directa o indirectamente  bancos  de tierra, la urbanicen y luego la ofrezcan a los constructores para su desarrollo en un horizonte de varios años. “Para los institucionales los bancos de tierra son una alternativa de inversión de mediano plazo que genera un flujo de ingresos previsible y una rentabilidad incorporada en el precio de venta de la tierra. Para los constructores, este modelo permite optimizar su estructura de capital y concentrar sus recursos en actividades operativas en lugar de congelarlos en  costosos inventarios de tierra”.

Dijo que los bancos de tierra también pueden constituirse sobre zonas de renovación urbana, alternativa de crecimiento para las ciudades que no implica la expansión de sus perímetros. O renovación urbana ligada a procesos de concesiones para la construcción y operación de despachos públicos. El mejor ejemplo de esta figura es el proyecto de renovación del Centro Administrativo Nacional (CAN)
Otra clara oportunidad de asociación entre constructores e institucionales es la construcción de vivienda para arriendo. Hasta ahora esta modalidad ha sido utilizada para financiar la construcción no residencial y es la estructura de negocio implícita en los procesos de titularización de inmuebles que ya existen en el mercado de capitales.

El modelo de construcción para arriendo fondeado con recursos de inversionistas institucionales constituiría una alternativa de acceso a vivienda para los hogares de muy bajos ingresos que no tienen capacidad de ahorro, ni acceso al crédito tradicional, pero para quienes el costo de alojamiento  es el principal componente de su gasto.

Por otra parte, varios de los macroproyectos de primera generación, así como los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano – PIDUS- creados como parte de la estrategia de reconstrucción, requieren aún de financiación para ser ejecutados.