Camilo Ospina, asesor de la presidencia de la República, anuncio que la facilitación los instrumentos jurídicos será una realidad.

 

Teniendo en cuenta los retos que se avecinan con la firma de los Tratados de Libre Comercio, sumado a las expectativas en el aumento de producción petrolera, el Gobierno Nacional radicará en dos semanas ante el Congreso de la República la Ley de APP, mediante la cual se buscan facilitar los instrumentos jurídicos para favorecer las alianzas entre el sector público y privado y regular el manejo de regalías.

Según lo explicó Camilo Ospina, asesor presidencial y líder del proyecto, se estima que con los TLC, Colombia por su ubicación estratégica podría manejar el tránsito del 70% del comercio mundial, lo que impone un enorme reto para mejorar en materia de infraestructura.

En este sentido, la Ley busca establecer normas legales para la negociación entre el Estado y la empresa privada; hacer modificaciones a la Ley de Predios (especialmente con las comunidades) y modificar algunos puntos centrales de la Ley 80 con el objetivo de agilizar algunos trámites y límites de tiempo en materia de contratación y concesiones. Del mismo modo, explicó que el Ministerio de Hacienda aceptó algunos cambios en las reglas de las vigencias futuras.

Uno de los aspectos positivos de la APP, es que establece un límite de tiempo máximo de 50 años para las concesiones. Así mismo, el funcionario aclaró que si existe algún proyecto de infraestructura que requiera recursos públicos, las prórrogas y adiciones estarán estipuladas en un 20% del presupuesto inicial, ya que si se aumenta este porcentaje, equivaldría a financiar otro proyecto.
Otro de los aspectos que tiene previstos la Ley de APP es que sólo se pueda cobrar por el uso de la infraestructura si el servicio se presta.

Cabe anotar que actualmente hay 2.000 proyectos viabilizados en el Plan Nacional de Desarrollo, de los cuales 240 deben ser considerados prioritarios y 40 están en estudio.  El modelo de las APPs está siendo aplicado en proyectos de infraestructura en la ciudad de Manizales y en la restructuración de la CAN valorado en $8 billones.