El  Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Paz, que define los proyectos de inversión en el territorio para impulsar la implementación de la política de Paz con Legalidad,  cierra este año con la aprobación de más de 1 billón de pesos para más de 200 proyectos en infraestructura.

De esta forma, los recursos del sector minero-energético siguen aportando a la ejecución de proyectos para el cierre de brechas y la equidad en las regiones.

“Los proyectos aprobados en el OCAD Paz demuestran que los recursos provenientes de la producción de minería e hidrocarburos son fundamentales para la inversión social en el país. Además, se  reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con el cumplimiento de los acuerdos y el desarrollo de territorios históricamente afectados por la ilegalidad y la falta de oportunidades”, destacó la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

Los proyectos aprobados este año en el OCAD Paz, cuya secretaría técnica recientemente fue asumida por el DNP y la presidencia por la Alta Consejería para la Estabilización, corresponden a los sectores de transporte con un 70%, educación y agricultura 17%, energía eléctrica más del 8%, vivienda y saneamiento básico más del 4%, entre otros.

Entre las distintas aprobaciones de este año, se destaca el proyecto para el mejoramiento de vías terciarias en 68 municipios de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, de 17 departamentos, por más de $86 mil millones de pesos, beneficiando a más de 640 mil habitantes de regiones como Córdoba, La Guajira, Meta, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca, entre otros.

“Este es un aporte valioso para el desarrollo social y económico  de las zonas más golpeados por la violencia y la pobreza. Es uno de los más eficaces componentes de la política del Presidente Iván Duque denominada Paz con Legalidad, que va a llevar equidad, justicia social, obras y oportunidades a 170 municipios y sus áreas de influencia, donde residen más de 6.6 millones de personas”, dijo el Consejero Presidencial para la Estabilización  y la Consolidación, Emilio Archila.